DEBE PAGAR LAS COSTAS EL BENEFICIARIO DE JUSTICIA GRATUITA

En esta entrada veremos si quien litiga con el beneficio de justicia gratuita puede ser condenado en costas, y en su caso, si procede su tasación y finalmente la ejecución de dichas costas.

INTRODUCCIÓN

La condena en costas es el pronunciamiento del juez en la sentencia por el que éste comunica a la parte vencida que deberá abonar los gastos de la parte contraria, de abogado y en su caso, de procurador, bien la minuta total o un límite máximo fijado por el juez en la sentencia (300,600€…).

Así pues, quien pretende litigar, asume desde el inicio los gastos de los profesionales que deben intervenir en el proceso, bien abogado únicamente o en su caso, también procurador. No obstante, debe planificar la posibilidad de condena en costas, pues ésta supone no solo el abono de las minutas de los profesionales que hemos contratado sino también los de los profesionales de la parte contraria.

Para tranquilidad del eventual litigante, debe decirse que, si eres un trabajador que estás planteando demandar,  en el orden social (no así en el contencioso administrativo), y salvo que se litigue con mala fe o se reitere un proceso, no hay condena en costas. Por otro lado, también puedes evitar el  coste de tu propia defensa si estás afiliado a un sindicato o si solicitas la asistencia jurídica gratuita, a la que tienes derecho por tu sola condición de trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, derecho que la mayoría de la gente ignora, con independencia de tu capacidad económica (insuficiencia de recursos para litigar).

Ya tratamos en otra entrada el campo de aplicación de la asistencia jurídica gratuita. http://tusderechoslaborales.es/asistencia-juridica-gratuita/

Ahora veremos si un beneficiario de justicia gratuita debe afrontar la condena en costas como un litigante más.

 

¿DEBE PAGAR LAS COSTAS UN BENEFICIARIO DE JUSTICIA GRATUITA?

Diremos que depende del resultado del proceso:

1.- Si el beneficiario de justicia gratuita gana el proceso

1.1.-Se gana el proceso y  se condena en costas a la parte contraria. La parte contraria debe abonar tus costas, esto es, los gastos de tu defensa, abogado y en su caso, procurador.

  1. Si en la resolución que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas, a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de quien lo tuviera legalmente reconocido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la defensa y representación de aquélla. (art 36.1 Ley 1/1996 de 10 de enero, modificada 2015)

1.2.- Se gana el proceso pero no hay pronunciamiento sobre costas.  No se paga los honorarios de la parte contraria, pero si se obtuviera cantidad económica, deberá abonarse los gastos de tu propia defensa (abogado y en su caso procurador) siempre que su importe no sea superior a 1/3 de la cantidad obtenida. Si la minuta fuese superior, abonará 1/3.

“Cuando la sentencia que ponga fin al proceso no contenga expreso pronunciamiento en costas, venciendo en el pleito el beneficiario de la justicia gratuita, deberá éste pagar las costas causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en él haya obtenido. Si excedieren se reducirán a lo que importe dicha tercera parte, atendiéndose a prorrata sus diversas partidas”.(art 36.3 Ley 1/1996)

2.- Si se pierde el proceso.

2.1 Se pierde el proceso pero no hay condena en costas. No se deben abonar los gastos de defensa de la parte contraria al no haber condena en costas. Tampoco se  abonan los gastos de tu defensa, al tener el beneficio de justicia gratuita.

2.2. Se pierde el proceso y hay condena en costas. No se deben pagar los honorarios de tu defensa, al tener reconocido el derecho de justicia gratuita.  Y con carácter general tampoco deberán abonarse las costas de la parte contraria pues únicamente se exige cuando el beneficiario “viniere a mejor fortuna” dentro de los 3 años siguientes a la terminación del proceso.

“ Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil”. (art 36.2 parte 1)

-Se presume “venir a mejor fortuna”: (art 36. 2  parte 2 Ley 1/1996)

  1. Si los ingresos actuales superan el doble del importe a considerar “insuficiencia de recursos para litigar”
  2. Cuando se alteren de forma sustancial las circunstancias o condiciones que causaron el reconocimiento a la justicia gratuita.

-Órgano competente para determinar que el beneficiario ha venido a mejor fortuna:

La comisión de justicia gratuita que otorgó el reconocimiento

Le corresponderá a la Comisión la declaración de si el beneficiario ha venido a mejor fortuna conforme a lo dispuesto en el artículo 19, pudiendo ser impugnada la resolución que dicte en la forma prevista en el artículo 20. (art 36.2 Ley 1/1996)

Por tanto, si un beneficiario de justicia gratuita es condenado a costas no deberá abonarlas salvo que dentro de los 3 primeros años venga a mejor fortuna, es decir, que obtuviera unos ingresos del doble (1.800€) del importe  que da derecho a la asistencia (unos 900€) o salvo que le cambiaran las circunstancias por las que se le concedió el derecho.  Y tal extremo debe apreciarse por la Comisión, no exige prueba de contrario del  beneficiario.

Pues bien, llegados a este punto, que es el objeto de nuestra entrada, ya podemos asegurar que el beneficiario de justicia gratuita puede ser condenado al pago de las costas, pero que generalmente no deberá abonarlas.

Por lo tanto, vamos a ver los supuestos procesales que pueden darse tras la condena en costas al  beneficiario de justicia gratuita:

 

LA CONDENA EN COSTAS AL BENEFICIARIO DE JUSTICIA GRATUITA: ACCIONES PROCESALES:

PRIMERA:PRONUNCIAMIENTO DE CONDENA EN COSTAS. La realiza mediante pronunciamiento el juez en la sentencia.

Podemos decir que, a pesar de que el beneficiario de justicia gratuita, con carácter general, no abonará nunca las costas de la parte contraria, el juez en la sentencia sí puede condenarle a dicho pago. El motivo es la posibilidad de que en un plazo de 3 años venga a mejor fortuna o decaiga en la condición por la que se le concedió el reconocimiento.

SEGUNDA.-LA TASACIÓN DE COSTAS

¿Puede la parte vencedora instar al juzgado la tasación de costas, y debe el juzgado realizar dicha tasación?

La respuesta es sí, y por los mismos motivos anteriormente expuestos, lo que no quiere decir que deban abonarse. La parte vencedora puede solicitar al juzgado la tasación de costas y aportar la minuta o minutas de sus profesionales, y el letrado del juzgado debe, a su petición, realizar la tasación.

TERCERA:- LA EJECUCIÓN DE COSTAS

Si bien es posible la condena en costas al beneficiario de justicia gratuita, así como también su tasación, no así la ejecución. Esta únicamente procede

1.-si el beneficiario viniera a mejor fortuna,

2.-se instase la ejecución de las costas,

3.-siempre que en la solicitud de ejecución, se aporte la solicitud a la Comisión de asistencia jurídica gratuita para revisión sobre si el beneficiario hubiera venido a mejor fortuna.

Mientras tanto, aunque se haya sido condenado a costas por sentencia firme, y a pesar de que posteriormente se nos notifique la tasación, nunca deberemos proceder a su abono. Aun en el supuesto de haber venido a mejor fortuna dentro de los 3 primeros años,  una ejecución de las costas sin la petición a la comisión para que lo investigue haría posible eludir el pago.

Resulta evidente también que no procederá nunca el pago cuando la ejecución de costas se realice trascurridos más de 3 años desde la firmeza de la resolución de condena.

Por último cabe decir que el art 36 de la Ley 1/1996, aplica los efectos de la condena en costas a todo beneficiario de justicia gratuita, lo tenga reconocido por ley o lo haya obtenido por reconocimiento,  (art 36.1 y art 36.2) y por tanto, sin distinción entre las causas de su concesión, por lo que los efectos de la condena en costas que hemos estudiado en la presente entrada no son de aplicación únicamente a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita que obtuvieron tal condición por insuficiencia de recursos para litigar sino a todos los que obtuvieron la concesión por su condición de trabajador, beneficiario del Sistema de Seguridad Social, extranjeros, etc. Por tal motivo, la expresión “venir a mejor fortuna” no hace referencia únicamente a un incremento en los ingresos del beneficiario sino también a la pérdida de la condición por la que se obtuvo el reconocimiento.

 

RESUMEN

Puede entonces iniciarse la ejecución de costas, como procedimiento de apremio, basado en el acuerdo de tasación?

No. No es posible solicitar la ejecución de las costas sin la acreditación de haber venido el beneficiario a mejor fortuna. La jurisprudencia viene interpretando que una cosa es que se solicite y se apruebe la tasación de costas y otra muy distinta que puedan ejecutarse seguidamente.

 

Por tanto, ¿qué haremos si se iniciara el procedimiento de ejecución sin que el beneficiario haya venido a mejor fortuna,  o sin que conste su acreditación o al menos la previa solicitud de revisión a la Comisión?

Se invocará el art. 559 1.3 LE. por nulidad radical del despacho de ejecución,  al no cumplirse el requisito legal exigido de la revocación del beneficio de justicia gratuita por venir a mejor fortuna (art 36.2 parte 1ª Ley 1/1996),  

(por entre otras STS 30/04/2002;

o S. Audiencia Provincial Madrid de 20/09/2011;23/05/2016:

“no se puede iniciar el proceso de ejecución en tanto no se cumpla el supuesto legal, y se obtenga una declaración que reconozca el cambio de fortuna del deudor”)

y ello pese a que la condición de beneficiario de justicia gratuita no se incluya como supuesto tasado de oposición ex arts 556 y 559 LEC.

Por tanto, si tras la tasación de costas al beneficiario de asistencia jurídica gratuita, la parte contraria también reclamara su pago, interponiendo demanda ejecutiva, el beneficiario debe oponerse a dicha reclamación, en primer lugar, acreditando su derecho de justicia gratuita, y en segundo lugar, en base al artículo 559.1.3º LEC, por nulidad radical del despacho de ejecución, al no cumplir el documento de condena en costas en la sentencia los requisitos legales exigidos para llevar aparejada la ejecución, por oponerse al art. 36 de la Ley de Justicia gratuita. Se solicitará expresamente el archivo de la ejecución y la condena en costas a la parte ejecutante, por haber reclamado el pago de un derecho al que no está obligado el condenado en costas, al haber actuado con el derecho de justicia gratuita reconocido y no revocado, con mayor motivo si dicha ejecución fuera instada sin la previa solicitud a la Comisión para una eventual revocación.

Saludos.

6 Comments

  1. Tengo una duda sobre el tema de las costas y la justicia gratuita

    ¿Qué pasaría en el supuesto en el que gane el procedimiento el beneficiario de justicia gratuita, pero solamente condenen en costas a la otra parte en primera instancia?, ¿qué cobrarían el abogado y el procurador?, ¿las costas de primera instancia de los perdedores y segunda instancia y el supremo a su cliente?

    Un saludo

    Mercedes

    1. Puesto que en tu supuesto el beneficiario de justicia gratuita es quien gana cada pleito, en cada instancia en que no se condena en costas a la parte vencida, los abogados y en su caso, procuradores podrán cobrar hasta el 40% de la cuantía obtenida en la sentencia, si no es un proceso declarativo. El beneficio de justicia gratuita viene configurado para que la insuficiencia de recursos no impida al justiciable el acceso a la tutela judicial efectiva, cubriendo tanto el coste de abogado y procurador, como la exención de costas cuando se pierde el proceso con condena en costas, siempre que en 3 años no se venga a mejor fortuna. Pero no sale gratis cuando se gana el proceso, no hay condena en costas a la parte vencida y se obtiene una cantidad económica. En estos casos el abogado y/o procurador, aunque haya sido designado de oficio puede remitirte minuta por importe de hasta el 40% de lo obtenido. De ahí que en los procesos no declarativos como los monitorios, indemnizatorios, etc, en los que ya sabemos que, de estimarse la demanda, se obtendría una cantidad considerable, la condición de beneficiario de justicia gratuita puede resultar más perjudicial económicamente que la libre designación de abogado y/o procurador, donde incluso se han podido pactar de inicio los honorarios. También resultaría interesante reducir a lo imprescindible la SUPLICA de la demanda, pues la existencia de petición principal y subsidiarias hacen más posible una estimación parcial y no total de la demanda, lo que favorece que no haya condena en costas a la parte vencida, con los consiguientes efectos sobre el coste del proceso.
      Saludos

      1. En el comentario anterior, donde se establece por error el porcentaje 40% debe entenderse referido al 33% (la tercera parte art 36.3 Ley 1/1996).

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